Al menos 19 organizaciones políticas y sociales de República Dominicana emiten una declaración conjunta en la que condenan la campaña de deportaciones masivas que lleva a cabo el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.
Asimismo, critican el decreto 668-22 que “habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas”.
“Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno”, alertaron las organizaciones.
Consideran, además, que negar el derecho a la pensión a viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno dominicano, amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937.
Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.
«Tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas”, advierten.
Recuerdan que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de 200 mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13.
Asimismo, manifiestan que miles de esas personas se pasaron sus vidas trabajando en República Dominicana, pero que ahora no cuentan con residencia ni status.
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