Pedro Cuevas
Edwin Paraison, excónsul de Haití en República Dominicana, consideró que la Fundación Zilé, que preside, luego de una reunión abierta vía Zoom decidió formar una comisión con el el propósito de recabar testimonios, constatar el nivel de convivencia entre dominicanos y haitianos que actualmente residen en Ciudad Juan Bosch.
A juicio del director Ejecutivo de la Fundación Zilé, hasta el momento no se han podido encontrar las razones que originaron el incidente donde algunos haitianos agredieron a piedras a agentes de la Dirección General de Migración.
“Lo que no se ha hecho notar era que, además, de los haitianos, habían grupos de dominicanos que mostraron solidaridad hacia los haitianos y que, también, atacaron a pedradas a los agentes”, expuso el excónsul haitiano en Barahona.
De acuerdo a Paraison, Migración hizo otras requisas en el lugar sin que surgieran incidentes parecidos, tras cuantificar entre 12 a 14 obreros haitianos y dominicanos que resultaron envueltos en el incidente, aunque, no se ha hecho esa mención.
Según el exministro de la diáspora haitiana, hasta el momento no se ha llevado a cabo una investigación de inteligencia para identificar y detener a los verdaderos responsables que originaron la agresión contra las autoridades migratorias actuantes en el operativo.
Afirmó que Migración ahora persigue a ciudadanos haitianos que residen en la Ciudad Juan Bosch, pero que no, necesariamente, son los responsables de la agresión contra sus agentes, como resaltan algunos medios de comunicación.
«Aun si fuera en el cumplimiento del deber, las autoridades de Migración se excedieron en sus funciones al no aplicar el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriaciones entre la República Dominicana y Haití del 2 de noviembre de 1999, que especifica la manera en que se llevan a cabo los procedimientos de repatriación», expuso.
Citando el acuerdo, dijo: “las embajadas y misiones consulares en el interior del país deben conocer su papel, y República Dominicana debe proporcionar un listado con los nombres de las personas que fueran a ser repatriadas para determinar el destino de sus bienes existentes en territorio dominicano”.
Entrevistado en el programa “El Día”, que se difunde por Telesistema, canal 11, el exdiplomático haitiano entiende que no debe haber exclusión entre las distintas nacionalidades que actualmente residen en la Ciudad Juan Bosch.
Entiende que por el momento su fundación ha podido constatar que hay al menos 28 nacionalidades que habitan armónicamente en el lugar.
El también sacerdote de la Iglesia Episcopal, ve con «suspicacia» el hecho de que luego del incidente grupos ultranacionalistas penetraran con cierta facilidad para amenazar a los ciudadanos haitianos que residen en el lugar. Según Edwin Paraison, lo ocurrido en Ciudad Juan Bosch, adolece de una investigación minuciosa.
“Dentro del residencial no se permite ni siquiera las guagüitas anunciadoras, pero este grupo pudo conseguir el apoyo de la Policía para entrar en el residencial con megáfono” para a los fines de amedrentar a los haitianos de que los repatriarían hacia Haití», expuso.
Director de Migración
Enrique García, director de Migración, en el programa la “Opción de la Mañana”, también de la misma empresa comunicacional, justificó el incidente donde resultaron apresados algunos ciudadanos haitianos y devueltos al vecino país al comprobarse la legalidad de los documentos que portaban.
A juicio del funcionario dominicano, los operativos de migración se llevan a cabo contra ciudadanos de cualquiera nacionalidad que estuvieran en irregularidad migratoria, pero no se observa contra venezolanos, bolivianos, hondureños, italianos, guatemaltecos, norteamericanos, jamaiquinos o de otros países.
Rechazo local e internacional
Este hecho ha creado repulsa de sectores importantes en la sociedad dominicana y en el exterior, quienes, a juicio de algunos, estarían organizando algunos fórums a nivel internacional donde buscan informar a organismos internacionales sobre este incidente.
Además, solicitan comprobar el nivel de violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana.