El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, tiene como plazo 5 días para que dé respuesta sobre la investigación en contra de agentes de esa institución, adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que agredió al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, miembros de esa institución y representantes de medios de comunicación.
El plazo se lo otorgó el Defensor Ulloa, a través de una carta en la sostiene que mantiene el interés de conocer el avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la Digesett que lo agredieron a él, a miembros de ese órgano y medios que lo acompañaban a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregularidades allí.
“La Policía Nacional cuenta con un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta a lo planteado. La inobservancia de este plazo acarrea las consecuencias dispuestas en el artículo 27 de la Ley núm. 19-01, que creó el Defensor del Pueblo y que permite vigilar y supervisar la actividad de la Administración Pública”, advirtió.
Expresó que genera preocupación que, 30 días después de esta agresión reprochable y bochornosa contra el Estado de derecho y la institucionalidad, la sociedad dominicana desconozca las medidas que tomó el Consejo Superior Policial para sancionar, legalmente y de conformidad con el debido proceso, las conductas exhibidas por los miembros de la Policía.
Ulloa, dijo que requiere con carácter de urgencia del director de la Policía Nacional un informe explicando las medidas correctivas y preventivas que tomó la institución del orden público en este caso.
“Este informe debe contener todos los documentos en los que consta el procedimiento sancionador y las decisiones tomadas al efecto”, precisó el Defensor del Pueblo.
Sostuvo que la inspección frustrada por miembros de la Digesett en el canódromo, el pasado 11 de abril, se trató de una diligencia de investigación a raíz de la denuncia del ciudadano Damián Javier Heredia Moreno y de las anomalías denunciadas por la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamotor), el 17 de marzo por las dificultades para la entrega de vehículos retenidos
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