Tomás Aquino Méndez
Dicen que el fantasma de Trujillo ronda los pasillos del Palacio Nacional. Los “trujillitos” abundan en oficina s públicas, privadas y hasta en los hogares. Y los torturadores de la época del jefe solo han cambiado de nombres.
Si revisamos las acciones del régimen dictador, hallamos muchas repeticiones en los gobiernos “democráticos” que hemos tenido hasta hoy. Casos concretos hay en la Policia Nacional, donde todavía hoy se sigue “secuestrando” a parientes de ciudadanos que, individualmente, han cometido algún delito o violado alguna ley.
El hecho más reciente es el apresamiento del padre de Francelis Furcal, implicada en la agresión a un ciudadano chino en una ferretería de la avenida Duarte. El hecho es condenable, pero no está facultada la institución a detener a un pariente para obligarla entregarse. Otra muestra de la presencia del trujillismo es la muerte del joven Jose Gregorio Custodio en San Jose de Ocoa.
Detenido sano y en salud por un conflicto de pareja. Dos días después entregado muerto a sus familiares. Su cuerpo presenta muestras de golpes y torturas, recibidos, aparentemente, en la dotación policial. La respuesta de la institución: TRASLADAR la dotación. Así tratan de echar concreto al hecho y ocultarlo todo.
Un ejemplo más de cómo se repite el pasado es el Centro de Retención de Vehículos, conocido como El Canódromo. Se denuncia allí una mafia. Los medios tratan de investigar. Los golpean les destruyen equipos y borran evidencias. El escándalo trata de taparse trasladándolo a otro lugar. Ignoran que el mal no está en la sabana. Hay que erradicar la mafia del lugar.
Los Digesett no pueden seguir “ordenando” retención de vehículos en violación a las leyes del país. Trasladar agentes o dotaciones. Mudar el canódromo de un lado a otro o apresar familiares de quien ha cometido un delito son acciones del pasado que deben desaparecer YA.
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