Santo Domingo.- Como parte del seguimiento al motín en que resultaron muertos tres privados de libertad y otros 10 heridos en la Penitenciería Nacional «La Victoria», la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reiteró ante los responsables del sistema penitenciario, su interés en que se determine la forma en que introdujeron las armas de fuego al interior del penal.
“La magistrada Germán Brito, que da seguimiento de cerca a este hecho, nos reiteró su instrucción para que una investigación determine, de manera oportuna, la forma en que los internos pudieron acceder a las armas de fuego”, explicó el responsable de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Germán Brito, ha venido sosteniendo reuniones de trabajo con Hernández Basilio e Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación.
La magistrada lamentó la penosa situación de dolor por la que atraviesan los familiares de los muertos y de los heridos. Al mismo tiempo, recordó que, para ser superadas, las problemáticas que acumulan los recintos carcelarios durante décadas requieren de la voluntad de toda la sociedad dominicana, así como de los recursos necesarios, dijo Hernández Basilio.
El titular de la DGSPC comunicó a la procuradora general que un privado de libertad que asumió la mayor responsabilidad en la trifulca será trasladado a otro centro, al tiempo que continúan las pesquisas sobre el hecho violento que comprometió la integridad de los internos y de los custodias.
Cinco de los heridos recibieron impactos de bala, igual que los tres fallecidos. Nueve de los afectados fueron dados de alta desde los tres hospitales que los atendieron y uno continúa en observación, todos en condición estable.
Luego de ocurridos los hechos, las autoridades penitenciarias, acompañadas de tres fiscales y miembros de la Policía, realizaron requisas simultáneas en las celdas 1 y 2, así como 3 y 4, y ocuparon 23 teléfonos celulares, tres routers para internet y 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, así como un total de 119,000 pesos y 21 dólares a seis de los internos del área.
“Debemos reconocer que estos males en La Victoria tienen mucho que ver con un sistema que históricamente ha tenido deficiencias estructurales y estamos hablando de un recinto que ahora tiene una población de más de 7,000 privados de libertad”, dijo Hernández Basilio.
“Hace un tiempo el Estado inició la construcción de un recinto en Las Parras, en el municipio Guerra, de la provincia Santo Domingo, pero ese proyecto, como todos sabemos, forma parte de un expediente del Ministerio Público y está en proceso de una auditoría por la Cámara de Cuentas”, añadió.
Adelantó que la Procuraduría General de la República ha dispuesto una serie de medidas para aplicación inmediata que buscan adecentar el sistema penitenciario.
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