Santo Domingo.- La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó a un tribunal de esta demarcación 18 meses de prisión preventiva y declarar complejo el caso contra siete personas involucradas en una estafa electrónica superior a RD$27 millones, en perjuicio del cliente de una entidad bancaria.
La medida fue solicitada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en contra de Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca Matos, Frank Ambras Santos, Anlly Luz Solano Adames, Evelin Esmeralda Tejeda Méndez, Starling Javiel Pérez Vicioso y Yessica Rosaura Escalante Heredia.
Los siete imputados fueron arrestados la pasada semana en un amplio operativo en el que fue desmantelada la red delictiva, cuya investigación dirigió y coordinó el fiscal titular de la citada jurisdicción de SDE y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo.
Además, particiapron los fiscales Waldimir Reynoso Cabrera y Nehemías Salazar, del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de esta Fiscalía, que establece que el fraude contra la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de este año.
La estructura criminal fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera distintas pruebas que la vinculan a la estafa millonaria contra el cliente y su banco.
El ente persecutor sostiene en la solicitud de medida de coerción que los imputados cometieron el acto ilícito tras obtener una tarjeta de códigos del banco con la que realizaron pagos y transferencias de forma electrónica. Realizaron 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27,197,966.07.
Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía de Santo Domingo Este figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos y estafa electrónica, así como robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.
El Ministerio Público atribuye a los hechos la violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.”.
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