La decisión de la Confederación Nacional de Trabajadores de las Industrias (CONATI), que interpuso un Amparo contra el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas (SME), en busca de obligarlos a no hacer huelgas, no es un recurso nuevo en la República Domincana.
En abril de 2017 el juez presidente de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de Barahona, condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su presidente municipal, Miguel Féliz, al pago de RD$50,000.00 por cada día que deje de impartir docencia en perjuicio de estudiantes de esta localidad.
El recurso de amparo lo elevaron contra la entidad y su presidente, a través de varios abogados la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES), por las constantes paralizaciones de la docencia en las escuelas y liceos públicos del municipio sureño, en perjuicio de miles de estudiantes de diferentes niveles.
El magistrado Máximo Matos impuso la condena a la entidad y su presidente, Féliz, al fallar un Amparo incoado por varios abogados en tal sentido, basado en que la educación es un derecho humano fundamental, como lo establece la Constitución de la República, la Ley 36-03 y de Educación 66-97
TC confirmó la sentencia
La ADP, como ahora el CMD, amenazó con acudir a la Organización mundial del Trabajo (OIT), en el entendido que se violentaba el derecho a la protesta, no logró convencer al Tribunal Constitucional que confirmó la sentencia que dictó la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona, el 21 de marzo de 2017 contra el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), por la suspensión de docencia en ese municipio.
En la sentencia de primer grado, el tribunal ordenó “al Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Seccional Barahona, presidido por Miguel Ángel Feliz e integrado por Ángel Medina, Julio Ernesto Samboy, actual director de Distrito Municipal 0103; Milagros Tavares, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, José Ramón Ramírez, Keny Montilla, Vicenta Urbáez y Daneyce Luz Valdo Pérez, a levantar en lo inmediato la suspensión de la docencia que empezó el 16 de enero del 2017 y a convocar a la clase magisterial e integrarse a su labor docente en los distintos centros educativos que le son vinculados”.
Igual, el TC, impuso el pago de un astreinte de RD$50,000 a la seccional de la ADP en Barahona, por cada día que incumplan con levantar el paro de docencia.
El alto tribunal en materia constitucional, argumentó que el conflicto “que los ha llevado a la huelga es entre el gremio y el Ministerio de Educación, y los estudiantes no deben ser un medio para solucionarlo”.
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