Participación Ciudadana, atribuye la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos se debe a la falta de control de sus organismos internos y de las instituciones encargadas de fiscalizar sus recursos.
La coordinadora general de PC, Leidy Blanco García, sostuvo que en esa labor de fiscalización falló la Junta Central Electoral (JCE), Cámara de Cuentas y las propias entidades partidarias.
Sonia Díaz Inoa, excoordinadora general de PC, expresó que los partidos políticos no pueden seguir “lavándose las manos” cada vez que uno de sus miembros es acusado de formar parte del crimen organizado.
“Los partidos venden a la ciudadanía un proyecto político y si ese proyecto resulta que después está dañado por dentro, no pueden ellos salir con que «esas son cosas individuales de cada uno». Los partidos tienen que tomar medidas para eliminar esas brechas a través de las cuales esas personas se han introducido en la política”, observó.
Reforma
PC insistió, además, en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben ser reformadas urgentemente, luego del reciente escándalos de corrupción sobre manejo de fondos a discrecionalidad en algunos organismos castrenses.
“Es preocupante que a más de ocho meses del cambio de gobierno no se haya visto indicador alguno de que estas prácticas corruptas estén en vías de ser eliminadas. Tampoco se han iniciado las auditorías correspondientes”, aseguró la entidad.
Llamó al ministro de Defensa, teniente general Carlos Díaz Morfa, a retirar la carta que envió a la Cámara de Diputados, en la que pide modificar el proyecto de Código Penal para excluir a los militares de la aplicación del mismo.
“Esta petición contradice la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que «los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico”, argumentó la entidad cívica.