El magistrado Robert Antonio de Haza Batista, juez presidente de la Cámar a Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera instancia de San Juan, fue destituido por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La decisión del Consejo del Poder Judicial está fundamentada en que el juez Haza Batista, durante el proceso en que condenó a la Empresa Distribuidora de Energía del Sur (Edesur) a pagar RD$74 millones en daños y perjuicio a favor de 37 parceleros de esa jurisdicción no fue aparada en la legalidad.
El órgano de administración y disciplina envió, además, al magistrado por ante el Comité de Comportamiento Ético a los magistrados Milton E. Castillo, Ernesto Ramírez Méndez y Loyda de la Rosa Beltré, de la Corte de Apelación del mismo distrito judicial, porque ratificaron 17 de esas sentencias y revocaron 20.
La querella disciplinaria contra los cuatro jueces fue interpuesta por el Estado Dominicano en 2017 mediante el abogado Julio Cury, luego de que dictaran condenas a favor del grupo de parceleros que demandó por daños y perjuicios al Estado y a Edesur, con el argumento de que le habían colocado líneas de transmisión eléctrica dentro de sus propiedades localizadas en San Juan y Elías Piña.
De acuerdo con la Resolución número 004/2020, emitida por el CPJ el 18 de marzo pasado, se pudo comprobar que el juez de primera instancia actuó en contubernio con el señor Garibaldy Sánchez Montero, quien representaba a los 37 parceleros a través de un Poder Especial, y su abogado Rafaelito Encarnación D´oleo.
Indica que para comunicarse con el abogado Encarnación D´oleo el juez De Haza utilizó un teléfono que fue activado por su amigo Omar Sterlin Vicioso Nin, en noviembre del 2016, y desactivado en octubre del 2017.
Expone que el magistrado le pedía a su amigo que le facilitara algún tipo de “chip” de temporada, indicándole que “antes de yo ser cristiano solía usar varios números y debía de usarlos en un espacio breve de tiempo”.
Así pudieron comprobar que en los meses de enero, febrero y marzo del 2017 se produjeron 49 llamadas entre los teléfonos del abogado Encarnación D’ Óleo y Sánchez Montero, y el teléfono del juez, lo que indica que hubo contacto con el juez y las partes durante el tiempo en que se estuvo conociendo el caso que terminó con la condena a Edesur.
Tanto las sentencias ratificadas como las revocadas, fueron recurridas en casación por las partes ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que aún no las ha decidido.
El CPJ está integrado por los magistrados Luis Henry Molina, quien lo preside; Etanislao Rodríguez Ferreira, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.
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