Lectura de los linchamientos

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Dante Ortiz/
 
En el Estado-nación hay una serie de cuestiones básicas que no pueden darse sin que se produzca un impacto negativo en todo el sistema, una de esas cosas fundamentales es que el subsistema jurídico-normativo debe funcionar.
 
Lo jurídico es orgánico, consustancial a los demás subsistemas, pero sobre todo al sistema total. Además de hacer que el sistema se depure, es el vigilante central, para que la totalidad sistémica opere y se reproduzca.
 
En la pre modernidad la administración de justicia estaba dispersa en las unidades productivas, vale decir en los centros laborales, porque eso era lo que se requería para mantener el aislamiento que daba poder a los detentadores de riquezas.
 
Con el surgimiento del Estado-nación se dio una centralidad, misma que hizo posible crear entidades supranacionales y superar los aislamientos para que todo el sistema fuera operativo a la necesidad estatal de funcionar como unidad político-administrativo única.
 
Así, la centralidad es orgánica al todo social y la legalidad operativa es cuestión básica para gobernar sin que parte alguna del sistema haga ruidos en el modo de operar.
 
Es por lo antes dicho que se crean los legalismos, los mecanismos recaudadores, la disciplina social y la vigilancia jurídica desde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para que el Estado Moderno penetre la sociedad e imponga orden.
 
Un Estado no puede operar eficaz y eficientemente en medio de un desorden jurídico y social a menos que tales sean creados por sus administradoras para operar impunemente. 
 
Si desorden e impunidad existen y el gobierno no hace nada para superarlo, es porque los mismos son marcos para la desposesión que se lleva a cabo desde las instituciones a favor funcionarios corruptos.
 
El Estado crea la legalidad y debe reproducirla día a día por medio de las actuaciones legales del cuerpo de funcionarios o burócratas, pues éstos deben actuar en el marco jurídico-institucional para que el Estado se haga presente en la cotidianidad y genere legitimación diaria.
 
El otro modo específico de cómo el Estado genera legitimidad es a través de la eficiente administración de justicia. Esta debe operar para que el Estado se depure, se mantenga y se reproduzca, de no hacerlo se crea disgusto social. Como puede constatarse cada día, desde el gobierno se actua para bloquear la aplicación de justicia.
 
El conjunto de funcionarios que hacen parte del aparato jurídico como cuerpo de sanción debe hacer justicia, velar para hacer que se cumplan los dictados legales, so pena de comprometer la legalidad de todo el sistema y así crear crisis de legitimidad. 
 
Cualquier observador puede comprobar cómo operan los funcionarios actuales y cómo con sus actuaciones meten en crisis todo el sistema político-social, al generar deslegitimar la justicia, el gobierno y todo el Estado.
 
Es exactamente eso lo que los grupos de poder y los funcionarios ineptos han hecho y cada día repiten con sus actuaciones extra-legales y leguleyas, al tiempo que enervan el disgusto de la población y crean la subjetividad necesaria para la desobediencia civil y la rebelión. 
 
Eso no ocurre de golpe, los funcionarios y jueces se deslegitiman con inconductas, ilegalidades y corrupción, la no administración o negación de ella. Pero la población tarda en rebelarse y cuando lo hace, se inicia tomando la justicia en sus manos.
 
El espectáculo jurídico que el funcionariado dominicano viene dando al país desde hace décadas, con la impunidad para los corruptos oficiales, la denegación de justicia para otros y las constantes burlas al país a través de la disfuncionalidad del sistema jurídico, impide que el sistema social se auto depure y legitime, solo por proteger compinches políticos delincuentes.
 
Todo eso tiene remedio, pero se pierde la oportunidad cuando el colectivo nacional comienza a tomar la justicia en sus manos. Sí es cierto que en República Dominicana en los últimos 5 años se han multiplicado los linchamientos, estamos frente a un fenómeno social que retrata la crisis del subsistema jurídico, las acciones cómplices del Ministerio Público, de jueces y de todo el aparato estatal.
 
Fenómeno que deberá disparar todas las alarmas, pero los líderes del sistema ni se dan por enterados.
Los jefes del sistema social vigente lo han deslegitimado porque han estado enriqueciéndose en la ilegalidad, al margen de las leyes que ellos mismos se han dado, lo que los retrata de cuerpo entero y pone a los sectores más conscientes de la nación en cuestionamiento ciudadano sobre el modo de actuar de los oficiales gubernamentales y de clase política gobernante, todo lo cual puede conducir a una rebeldía contra la ineptitud político-administrativa del partido en el Poder, los empresarios y los nuevos millonarios enriquecidos ilegalmente.
 
El autor es historiador y profesor de la UASD

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